Construyendo Futuros: el reto de llevar la educación a las fronteras de Venezuela

 ONU - VICTORIA FERNANDEZ La ONG, nacida del sueño de una adolescente de 17 años, cuenta hoy con más de 150 profesionales y ha impactado a m...

26 oct 2026

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 ONU - VICTORIA FERNANDEZ

La ONG, nacida del sueño de una adolescente de 17 años, cuenta hoy con más de 150 profesionales y ha impactado a más de 450.000 personas en el país. Su directora general, Jennifer Belisario, explica en una entrevista los retos de operar en zonas remotas, la relación con el sistema humanitario internacional y el desafío de reconstruir escuelas en La Guaira después de los sismos del 24 de junio.

Con apenas 17 años, Thalma Cohen le dijo a su padre que quería transformar las escuelas de su país. La respuesta que recibió fue una sola frase: "Yo no lo voy a hacer. Ve y hazlo tú". De ese "ve y hazlo tú" nació Construyendo Futuros, una organización venezolana que hoy emplea a más de 150 personas y que, según sus registros, ha tenido un impacto en más de 450.000 mujeres, niñas, niños, adolescentes y escuelas en Venezuela.

"Construyendo Futuros es justamente eso también, un sueño. Nace del anhelo de una adolescente que con tan solo 17 años quería transformar el sistema educativo de las escuelas", relata Jennifer Belisario, directora general de la organización, en una entrevista con Noticias ONU. 

La sede está en Caracas, pero el trabajo se extiende a lo largo de toda la línea fronteriza del país. "Nuestro logo está presente en el estado Sucre, Caracas, Miranda, Falcón, Apure, Táchira, Amazonas, que son justo el borde con otros de nuestros hermanos países", detalla Jennifer. 

"Es allí donde hay mayores retos de protección, donde las comunidades y las familias están desplazadas, las niñas tienen mayores riesgos, las mujeres son víctimas también de violencia basada en género y allí donde nos cuesta más llegar a todos; ahí estamos presentes".

El reto educativo: tres de cada cuatro niños no comprenden lo que leen

En materia educativa, la organización se enfrenta a brechas profundas. "En los espacios donde tenemos presencia, tres de cada cuatro niños no comprenden lo que leen. Nos encontramos con niños de 12 años que de alguna manera se ven excluidos del sistema educativo, pero también los excluyen de la sociedad misma", advierte la directora. A ello se suma que muchas madres, padres o cuidadores también son analfabetos.

Frente a ese panorama, los programas se centran en la lectura, el pensamiento lógico-matemático y la creatividad. 

"Tenemos espacios comunitarios donde identificamos a las niñas y niños que están excluidos o que están fuera del sistema educativo. Los traemos, los nivelamos y luego nos encargamos de garantizar que se reinserta en el sistema escolar", explica. 

En las escuelas, además, forman a docentes en metodologías innovadoras y disruptivas, con gamificación y juegos, porque "aprender también es una forma de distraerse o mejor dicho, de crear de forma divertida".

El reto logístico: operar en Venezuela

A nivel logístico, Jennifer describe obstáculos que van desde la falta de servicios básicos hasta los costos variables de traslado. 

"El tema de los servicios ha sido toda una dificultad para todos los venezolanos, tanto como personas que implementamos proyectos, como individuos en el día a día. Eso dificulta a veces la conectividad y la capacidad de reportar en tiempo real. A veces no hay ni energía eléctrica", señala. 

A ello se suma que las zonas donde tienen presencia son "ciudades y comunidades muy remotas, muy aisladas", y que los costos cambian de un día para otro, lo que dificulta la optimización de los recursos.

Para sortearlo, la organización busca aliados. "El sector privado ha sido uno de los aliados más importantes para nosotros", afirma, y destaca el papel del Fondo Humanitario de Venezuela, que a su juicio es "un ejemplo regional de cómo la localización se puede vivir de una forma real, donde aproximadamente el 70% de los recursos del fondo son destinados a las organizaciones nacionales y locales". 

Esa estructura, dice, "nos ha permitido crecer, fortalecernos, ampliar nuestro rango de acción, escalar la capacidad de respuesta".

El reto de crecer: apoyo de Naciones Unidas 

Consultada por su vínculo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), Jennifer lo califica como "una relación increíble" que ha permitido a las organizaciones crecer de una forma significativa. 

“Hoy somos socios de Naciones Unidas a través de proyectos que implementamos con distintas agencias, incluyendo el Fondo Humanitario de Venezuela. Trabajamos en conjunto, se nos permite diseñar y soñar. Podemos identificar las necesidades, plasmarlas en un documento y recibir fondos para ejecutarlo”, sostiene. 

Construyendo Futuros también forma parte del Equipo Humanitario de País, una instancia de coordinación que reúne a agencias del sistema de la ONU y las ONG internacionales y nacionales.

En septiembre, fue seleccionada por el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, para "ser la voz de las organizaciones nacionales y locales" durante la Asamblea General.

El reto del destino: los terremotos del 24 de junio

A todos los desafíos sobre el terreno, el 24 de junio se sumó el impacto del doble terremoto que devastó La Guaira, un estado costero densamente poblado y hogar de muchas comunidades vulnerables. 

"Probablemente nunca estamos preparados para una situación así, pero saber que miles de familias murieron y que la respuesta no fue tan rápida como hubiésemos querido es muy devastador", lamenta Jennifer. "Nuestro país está en un duelo prolongado. La resiliencia es una práctica diaria".

Construyendo Futuros no perdió instalaciones ni personal, pero su equipo tenía familiares en La Guaira. "Personalmente tengo familia en La Guaira y estuvieron 24 horas bajo los escombros. Se salvaron porque ocurrió un milagro", relata. 

El sistema educativo de la zona, en cambio, sí sufrió: "Muchas de las escuelas quedaron destruidas. Estamos en un proceso de intentar reconstruir desde lo interno para reconstruir también nuevos muros, nuevos pisos, nuevos pilares. Pero queremos hacerlo distinto. No queremos reconstruir lo viejo. Queremos y creemos que tenemos la oportunidad de construir algo nuevo".

El impacto psicosocial, advierte, no se resuelve en cuestión de meses. "Volver a clases para nuestros niños es una situación muy dolorosa porque muchos de sus amigos ya no están. Muchos de sus docentes dejaron de estar presentes. Estamos intentando que las escuelas vuelvan a ser espacios seguros".

El reto humano: combatir el embarazo adolescente

De cara al futuro, la organización quiere fortalecer su pilar de medios de vida. "¿Cómo reconstruyes una vida si no tienes la manera de tener ingresos para hacerlo?", plantea Jennifer. 

La labor con mujeres es central: comenzaron trabajando con mujeres cabeza de hogar, y a partir de ahí surgió el programa de prevención de violencias, al constatar tasas de embarazo adolescente de 9 a 11 años, una de las más altas de la región, producto en muchos casos de abuso sexual infantil.

“Al quedar embarazadas se convirtieron en sostén de hogar a muy temprana edad y no tenían la manera de mantener una nueva familia. Empezamos a fortalecer sus capacidades vocacionales, a decirles que tenían otras oportunidades y que soñaran; las ayudamos a identificar medios de vida asociados a sus intereses y que no perpetuaran estereotipos de género”.

"Si transformamos a una mujer, estamos cambiando varias generaciones", insiste, ya que se rompen círculos de violencia y pobreza. 

Según datos que maneja la organización, cerca del 50% de las mujeres venezolanas son sostén de hogar y, de ese porcentaje, cerca del 70% vive en condiciones de alta vulnerabilidad. 

Del otro lado del espectro, la organización trabaja con los hombres para impulsar una paternidad “compartida, responsable y amorosa”.

“Hemos logrado que incluso en comunidades de nuestros pueblos originarios, en Amazonas, caciques de comunidades y tribus hayan cambiado la forma en que se relacionan con las mujeres”. 

Como directora y tras haber superado un de cáncer de mama, Jennifer cierra con una reflexión sobre el liderazgo con firma de mujer: 

“He transitado momentos retadores, soy superviviente de cáncer de mama y todo ese camino no lo podría haber superado sola. Me enseñó a entender que me puedo soltar porque tengo redes de apoyo que me pueden sostener. Y eso es un símil del liderazgo. Cuando confías en tu equipo, te sueltas y puedes estar fuera una semana o 15 días, y saber que la operación sigue en marcha”.

Construyendo Futuros: el reto de llevar la educación a las fronteras de Venezuela

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25 oct 2026

 ABC - DAVID ALANDETE

La dirigente opositora, premio Nobel de la Paz, se encuentra ya en territorio venezolano y reaparece públicamente en el santuario de la Divina Pastora.

María Corina Machado ha regresado este domingo a Venezuela después de casi diez meses fuera del país y de varios intentos frustrados de volver. La dirigente opositora al chavismo, premio Nobel de la Paz, se encuentra ya en territorio venezolano y ha reaparecido públicamente en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país. Su regreso supone un hito en la transición política abierta tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Sobre todo, porque en esta operación han participado varios países de la región y Estados Unidos no se ha opuesto. Al contrario, Washington ha tenido conocimiento de los planes y esto ha impedido que la dictadura, comandada ahora por Delcy Rodriguez, le volviera a bloquear la entrada como hizo en junio, llegando a cerrar el espacio aéreo del país. Machado, cuyo partido ganó las elecciones presidenciales de 2024 que fueron robadas por el chavismo, es según las encuestas la líder más valorada del país.

Al ser preguntado sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela, Donald Trump ha elogiado a la dirigente, aunque ha evitado pronunciarse directamente sobre las circunstancias de su retorno y las garantías para su seguridad. «Es una mujer muy agradable. Me entregó su Premio Nobel, así que ¿qué otra cosa puedo decir? Espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela», respondió el presidente estadounidense, quien volvió a destacar los resultados de su política hacia el país sin aclarar qué papel ha desempeñado Washington en la operación que ha permitido el regreso de Machado.

La operación ha requerido la participación de varios países y una serie de gestiones diplomáticas desarrolladas durante las últimas semanas, según ha podido saber ABC. Que la Casa Blanca no se haya opuesto al regreso de Machado es una circunstancia fundamental para entender cómo ha podido producirse después de los sucesivos intentos frustrados de la dirigente opositora por entrar en su país. Hasta ocho ocasiones fueron frustradas entre junio y septiembre.

Una de ellas fue en septiembre por Colombia, tratando de cruzar a pie. Había ya integrantes de un equipo de Machado dentro del país para hacer el cruce pero, de forma inesperada, el nuevo Ejecutivo de Abelardo de la Espriella puso resistencias de última hora, lo que frustró los planes. Fue después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reuniera el pasado 8 de septiembre en Barranquilla con el presidente De la Espriella para relanzar las relaciones bilaterales y establecer una nueva alianza estratégica entre Washington y Bogotá. Finalmente, el cruce ha tenido lugar por Colombia este fin de semana.

El papel de Estados Unidos resulta especialmente relevante. Washington ejerce una influencia decisiva sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez desde la operación militar de enero y supervisa buena parte de las negociaciones sobre el futuro político y económico venezolano. En esas circunstancias, resulta difícil concebir una operación de estas características sin que las autoridades estadounidenses estuvieran informadas y, como mínimo, hubieran decidido no impedirla.

Resulta difícil concebir una operación de estas características sin que la Casa Blanca estuviera informadas y, como mínimo, hubiera decidido no impedirla.

De hecho, según ha podido saber ABC, ha habido destacados funcionarios de la Administración Trump, como el subsecretario de Estado Christopher Landau, que han defendido internamente la necesidad de apoyar el regreso de Machado. Mientras tanto, Trump estrechaba lazos con la dictadura de Delcy, firmando acuerdos petroleros, y se invitaba a visitar Washington a otra opositora, Dinorah Figuera, quien fue presidenta de la Asamblea Nacional y participa en las negociaciones con el régimen.

El regreso se produce, además, después de meses de tensiones entre el equipo de Machado y la Administración Trump. La dirigente opositora había intentado volver a Venezuela en repetidas ocasiones, pero sus planes se habían visto frustrados por obstáculos diplomáticos y logísticos. En septiembre llegó a intentar tres desplazamientos en apenas 24 horas desde Panamá, sin conseguir alcanzar territorio venezolano. ABC la acompañó en esos intentos frustrados. 

La situación había provocado un creciente malestar entre los seguidores de Machado, que consideraban contradictorio que Estados Unidos hubiera apartado a Maduro del poder mientras la principal dirigente de la oposición democrática seguía sin poder regresar a su país.

La Casa Blanca, por su parte, ha mantenido las negociaciones con el régimen de Delcy Rodríguez sobre la reorganización de las instituciones venezolanas, la renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral y las condiciones para celebrar futuras elecciones. Machado había expresado sus reservas sobre un proceso que avanzaba sin su participación directa.

Ya en territorio venezolano, María Corina Machado pretende recuperar la iniciativa política y reclamar un papel en el futuro de su país

Su aparición en Barquisimeto modifica ahora ese escenario. La dirigente vuelve a estar físicamente en Venezuela, desde donde pretende recuperar la iniciativa política y reclamar un papel en las decisiones sobre el futuro del país.

La elección del santuario de la Divina Pastora añade un componente simbólico a su regreso. Se trata de uno de los lugares de mayor devoción popular de Venezuela, especialmente vinculado a las multitudinarias peregrinaciones que cada enero congregan a cientos de miles de fieles en el estado de Lara.

María Corina Machado regresa a Venezuela tras una operación diplomática con el beneplácito de la Casa Blanca

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23 oct 2026

 ABC - DAVID ALANDETE

Antiguos expedientes militares y personales venezolanos aparecen en trámites migratorios estadounidenses mientras fuentes consultadas por ABC apuntan a una supervisión de las operaciones de Inteligencia y a una creciente pérdida de poder de Diosdado Cabello.

Como les ha sucedido a numerosos venezolanos en las últimas semanas, J. P., de 74 años y con doble nacionalidad venezolana y española, vio denegada su solicitud de entrada a Estados Unidos a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). El motivo que aparecía en la notificación era escueto: «Proclamación presidencial que restringe la entrada a Estados Unidos». Se refería a las restricciones migratorias impuestas por la Administración Trump a los ciudadanos de determinados países, entre ellos Venezuela, que afectan a la expedición de visados de inmigrante y de determinadas categorías de visados temporales, incluidos los de turismo, negocios y estudios.

J. P., que prefiere mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias del chavismo, acudió finalmente al consulado estadounidense en Madrid. Allí, según su relato, una funcionaria le mostró el documento que había suscitado las dudas de las autoridades migratorias: una copia escaneada de su antigua ficha de ingreso en las Fuerzas Armadas venezolanas, con su firma de puño y letra. Él explicó que había prestado el servicio militar cuando todavía era obligatorio en Venezuela, antes de que la Constitución de 1999 prohibiera expresamente el reclutamiento forzoso, y que aquello no significaba que hubiera formado parte del aparato represivo del chavismo.

Este venezolano consiguió finalmente un visado estadounidense con una validez de diez años, pero otros no han tenido la misma suerte. ABC ha conversado con cuatro personas que describen situaciones similares: autorizaciones de viaje denegadas después de años entrando sin dificultades en Estados Unidos, obstáculos consulares y preguntas sobre antiguos expedientes personales o militares. Documentos que, según las fuentes consultadas por este periódico, hasta este año estaban en poder de los servicios de inteligencia venezolanos, entre ellos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), uno de los principales organismos de Inteligencia y represión política del chavismo.

Lo que queda claro es que las autoridades estadounidenses tienen ya en su poder estos documentos, hasta ahora custodiados por el organismos de Inteligencia del chavismo, y que los están utilizando para examinar las solicitudes de entrada al país, incluso de personas que llevan décadas desvinculadas de las Fuerzas Armadas.

La aparición de estos expedientes coincide con nuevas informaciones sobre el grado de penetración estadounidense en los servicios de Inteligencia venezolanos. El periodista David Placer aseguró esta semana, en el Club de Prensa de NTN24, que Washington ha asumido parte de la supervisión operativa del Sebin, tanto en Caracas como en otras ciudades, y que determinadas operaciones de vigilancia y persecución política están siendo sometidas a autorización estadounidense. Según su relato, mandos medios y altos del organismo estarían colaborando con los servicios de Inteligencia de Estados Unidos y facilitando información sobre actividades represivas y depósitos clandestinos de armamento.

Esta apertura, según fuentes en Washington, obedece a una decisión del propio Diosdado Cabello, quien busca mejorar su situación ante la Justicia estadounidense, estando imputado en una causa de narcoterrorismo y en busca y captura por una recompensa de 25 millones de dólares (22 millones de euros). Cabello tiene control sobre el Sebin por dos vías: su autoridad política como ministro del Interior y su relación directa con los mandos del organismo, incluido su actual director, Alexis Rodríguez Cabello, que es primo suyo.

Cabello aparece además señalado por fuentes de Inteligencia estadounidenses como co-conspirador en la nueva causa penal abierta en el Distrito Sur de Nueva York por las torturas infligidas a ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Aunque la acusación no lo identifica expresamente por su nombre, las fuentes consultadas lo sitúan detrás de una clave, que corresponde a uno de los supuestos responsables de ordenar y supervisar los abusos.

El debilitamiento de Cabello también se refleja en sus relaciones con otros dirigentes del aparato de seguridad chavista. El general Gustavo González López, que fue uno de sus hombres de confianza y antiguo director del Sebin, fue nombrado ministro de Defensa, pero, según las informaciones recabadas por este periódico, ambos se han distanciado a medida que avanzaba su cooperación por separado con Estados Unidos, con la que buscarían mejorar sus respectivas situaciones ante la Justicia estadounidense y reducir eventuales imputaciones o condenas.

El político venezolano también ha visto disminuir su capacidad de maniobra sobre los grupos armados que durante años actuaron bajo el amparo del chavismo. Valentín Santana, dirigente del colectivo La Piedrita, ha llegado a denunciar que se encuentra «asediado», mientras se han puesto en marcha operaciones contra la guerrilla colombiana asentada en territorio venezolano, especialmente en las zonas fronterizas. Según las mismas fuentes, Cabello habría impedido anteriormente actuaciones de esta naturaleza, que ahora se estarían desarrollando sin que pudiera bloquearlas.

El Sebin, que durante años gestionó el Helicoide, uno de los centros de detención y tortura más notorios del mundo, había ido consolidándose más como un gran aparato de Inteligencia, con extensos archivos y expedientes sobre toda clase de ciudadanos venezolanos, tanto opositores como funcionarios, militares y dirigentes del propio régimen. Buena parte de las funciones de represión más directa habían recaído recientemente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo de naturaleza militar al que Naciones Unidas ha atribuido graves violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y torturas.

Según las fuentes consultadas, Estados Unidos pretende intervenir también progresivamente en esa estructura, depurar sus mandos y desmantelar los mecanismos utilizados para la persecución política. Se trataría de una operación gradual, destinada a reducir la capacidad represiva de ambos organismos sin provocar una ruptura brusca del aparato de seguridad venezolano.

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 CIDH

Washington, DC— El 15 de octubre de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 85/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Jesús Alberto Cadenas Bastardo y Elías Daniel Salazar Bracho, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela.


Según las solicitudes, los beneficiarios permanecerían privados de libertad en condiciones inadecuadas de detención y sin acceso a atención médica apropiada para sus padecimientos de salud. Jesús Cadenas presentaría sangre en la orina, fiebre, dolor intenso y vómito. Elías Salazar padecería hipertensión arterial severa no controlada, discopatía degenerativa, parestesia, pérdida de peso, dolores de cabeza crónicos, inflamación articular, pérdida de conciencia, episodios de ceguera temporal, problemas respiratorios, entre otros.


La falta de atención médica persistiría pese a las diversas acciones emprendidas a nivel interno. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.


Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho, la Comisión valoró que, dada su condición de personas privadas de libertad, las condiciones inadecuadas de detención y la falta de atención médica apropiada pese a los recursos presentados a nivel interno, existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento. En adición, la Comisión no contó con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o mitigar la situación de riesgo de los beneficiarios.


Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:


adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias;

implemente las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables. En particular, las siguientes:

realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud, y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados y los informes médicos a sus familiares y representantes;

facilite la comunicación regular de las personas beneficiarias con sus familiares, representantes y abogados de confianza;

brinde acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada;

ejecute las medidas indispensables, con perspectiva etaria, para garantizar que Jesús Alberto Cadenas Bastardo reciba atención apropiada y oportuna a sus necesidades de salud;

refuerce las acciones a favor de Elías Daniel Salazar Bracho, quien se encontraría en un centro de detención cubierto por medidas de protección interamericanas ya concedidas;

concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes; y

informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.


La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.


CIDH otorga medidas cautelares a Jesús Alberto Cadenas y Elías Daniel Salazar, privados de libertad en Venezuela

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20 oct 2026

 MARTINOTICIAS - LAURA ARTAL

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en San José, Costa Rica, la primera audiencia pública del caso Trujillo y otros vs. Venezuela, relacionado con las muertes, lesiones y presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas del 11 de abril de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez.

Aquella jornada dejó 19 venezolanos muertos y más de 300 heridos de bala. Más de 24 años después, familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos acudieron al tribunal internacional para reclamar justicia y denunciar la falta de investigaciones y sanciones efectivas.

Durante la audiencia comparecieron la periodista Delvalle Canelón, testigo presencial de los acontecimientos, así como Yanfri Querales y Mohamed Merhi, familiares de dos de los fallecidos.

Canelón relató lo que presenció durante los acontecimientos y denunció amenazas relacionadas con su participación en el proceso judicial venezolano. Por su parte, los familiares expusieron las consecuencias de la violencia y los años transcurridos sin obtener las respuestas judiciales que reclaman.

Los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, presidente y vicepresidente de Foro Penal, respectivamente, participaron como representantes de las víctimas.

Himiob sostuvo que el Estado venezolano tenía la obligación internacional de investigar los hechos de manera objetiva e imparcial, identificar a los responsables y sancionarlos. "Sin embargo, al día de hoy la situación es de impunidad absoluta", afirmó durante su intervención.

Romero, por su parte, recordó que lo ocurrido el 11 de abril constituyó, a su juicio, una advertencia temprana de las violaciones de derechos humanos que posteriormente denunciarían las organizaciones venezolanas.

El abogado señaló que la documentación de estos casos debe traducirse en acciones judiciales concretas y no limitarse al registro de víctimas.

Un proceso que comenzó en 2002

El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002. Después de más de dos décadas de tramitación, la Comisión lo remitió a la Corte Interamericana en julio de 2024, tras concluir que el Estado venezolano había vulnerado derechos fundamentales, entre ellos la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial.

Aunque el saldo general de los acontecimientos del 11 de abril fue de 19 fallecidos y más de 300 heridos, el expediente sometido a consideración de la Corte comprende únicamente siete personas fallecidas y cinco lesionadas.

Durante la audiencia, el Estado venezolano no contó con representantes acreditados.

La Corte Interamericana todavía no ha emitido una sentencia. Las partes tienen hasta el 13 de noviembre de 2026 para presentar sus alegatos finales por escrito, antes de que el tribunal avance hacia una decisión sobre la responsabilidad internacional de Venezuela y las eventuales medidas de reparación.

Aunque Venezuela denunció formalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2013, el tribunal mantiene competencia para examinar hechos anteriores a esa fecha, como los ocurridos el 11 de abril de 2002.

El pronunciamiento de la Corte podría establecer responsabilidades internacionales y ordenar medidas de reparación para las víctimas, después de más de dos décadas de reclamos ante instancias nacionales e internacionales.

Mira la Audiencia Pública que realizó la CIDH sobre el 11A2002 (Vídeo cortesía CIDH)

Puede ver imágenes de nuestro ArchivoAYRE sobre el 11/abril/2002 en:

Víctimas del 11 de abril exigen justicia ante la Corte Interamericana tras más de 24 años de impunidad (+VIDEOS)

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19 oct 2026

 MARTINOTICIAS - JOSE PERNALETE

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela eliminó la competencia en terrorismo de cuatro juzgados de Caracas, una jurisdicción creada en 2012 por el régimen de ese país. Abogados y defensores de derechos humanos piden revisar sus decisiones.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suprimió la competencia especial en materia de terrorismo de cuatro tribunales que operaban en Caracas con jurisdicción nacional, una estructura judicial cuestionada durante años por organismos internacionales debido a presuntas irregularidades procesales y vulneraciones de garantías fundamentales.

La decisión quedó establecida en la Resolución N.º 2026-0010, aprobada el pasado 13 de octubre, que dispone la redistribución de las causas penales hacia tribunales ordinarios de control, conforme a las reglas de competencia por materia, territorio y conexión procesal.

La medida no elimina el delito de terrorismo ni establece la nulidad automática de las decisiones judiciales dictadas por estos tribunales.

Una jurisdicción creada en 2012 y cuestionada internacionalmente

Los tribunales especializados en terrorismo fueron creados mediante la Resolución N.º 2012-0026 del Tribunal Supremo de Justicia, de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial en enero de 2013. Posteriormente, en 2015, el máximo tribunal amplió y reorganizó esta jurisdicción especial.

Su funcionamiento fue objeto de cuestionamientos por parte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En su informe de 2021, la misión examinó la base jurídica de estos tribunales y cuestionó que su competencia y organización hubieran sido establecidas mediante resoluciones del TSJ, en lugar de disposiciones legales que garantizaran el principio del juez natural.

La investigación también documentó irregularidades judiciales en procesos contra personas identificadas como opositoras al gobierno venezolano, especialmente en causas tramitadas ante tribunales especializados en terrorismo.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado el uso del sistema penal venezolano contra opositores, manifestantes y defensores de derechos humanos, así como detenciones arbitrarias y restricciones al derecho a la defensa.

Joel García: la decisión llega tarde

El abogado penalista venezolano Joel García considera que la eliminación de esta competencia representa una decisión tardía, porque, a su juicio, la jurisdicción especial nunca contó con el fundamento constitucional necesario.

“Esa jurisdicción y esa competencia siempre fue inconstitucional. La competencia tiene que estar creada por ley. Si nosotros revisamos la ley contra la delincuencia organizada, no crea los tribunales especiales en materia de terrorismo. Eso fue un abuso precisamente del Tribunal Supremo de Justicia”, sostuvo García.

El penalista vinculó la decisión con los cambios políticos ocurridos en Venezuela a partir del 3 de enero de 2026 y señaló que las razones jurídicas que motivaron la supresión de esta competencia existían desde su creación.

García considera que las decisiones adoptadas por estos tribunales también deberían ser objeto de revisión y eventualmente declaradas nulas, al cuestionar la legalidad de la competencia bajo la cual fueron dictadas.

VEPPEX espera liberación de presos políticos

Desde Estados Unidos, José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), consideró que la supresión de la competencia especial representa un avance frente a las denuncias de persecución política en Venezuela.

Colina sostuvo que estos tribunales fueron utilizados para procesar a personas acusadas de terrorismo y otros delitos, en casos que, según denunció, respondían a motivaciones políticas.

“Ya esto es un buen paso porque eso quiere decir que ya se elimina cualquier tipo de estructura que pueda ser utilizada para acusar de terrorismo y para perseguir a personas que no han hecho nada, que son completamente inocentes”, afirmó.

El presidente de VEPPEX expresó además su expectativa de que la decisión contribuya a la liberación de personas que considera injustamente acusadas de terrorismo.

Colina también denunció que ciudadanos venezolanos fueron objeto de procesos penales por expresar opiniones contrarias al gobierno o convocar manifestaciones pacíficas.

“Si colocabas un tuit en contra del gobierno era considerado terrorismo. Si dabas una declaración muy fuerte diciendo que había que salir a la calle a manifestar pacíficamente era considerado terrorismo”, señaló.

A su juicio, la eliminación de esta jurisdicción podría contribuir a reducir el uso de acusaciones de terrorismo contra ciudadanos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y la protesta.

Estados Unidos y el proceso de transición en Venezuela

La decisión judicial se produce en medio del proceso de transición política que atraviesa Venezuela tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026.

Estados Unidos mantiene su atención sobre la situación venezolana, en un contexto marcado por las exigencias de liberación de presos políticos, respeto a los derechos humanos, recuperación de las garantías democráticas y restablecimiento del Estado de derecho.

La supresión de la competencia especial de los tribunales de terrorismo abre ahora interrogantes sobre el futuro de los expedientes judiciales y las posibilidades de revisión de las decisiones adoptadas durante más de una década de funcionamiento de esta jurisdicción.

Venezuela elimina tribunales especiales de terrorismo cuestionados por organismos internacionales

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1 oct 2026

 EL NACIONAL

El mandatario reconoció la buena relación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez y destacó la cooperación en materia petrolera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Venezuela podría celebrar elecciones, pero apuntó que aún es "demasiado pronto" para hacerlo.

"Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde", dijo el mandatario en una amplia entrevista con Time Magazine publicada este jueves.

Trump indicó que "hablaría con ella (con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez) sobre eso. Hablaría con ella sobre eso, pero habrá elecciones".

Sin embargo, insistió en que "ahora mismo es un tema muy delicado, creo que es demasiado pronto".

Estas declaraciones llegan después del encuentro entre Trump y Rodríguez en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU el martes 22 de septiembre.

Era la primera vez que ambos se veían tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Días después de la cita en Nueva York, Trump reconoció que había hablado con ella sobre elecciones, aunque no dio más detalles.

En la entrevista con Time Magazine, el presidente de Estados Unidos reconoció la buena relación con el gobierno interino de Rodríguez. "Trabajamos bien juntos", dijo.

Destacó la cooperación en materia petrolera: "Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales".

"Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todas ellas", insistió 


Trump asegura que podría haber elecciones en Venezuela, pero que aún es "demasiado pronto"

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22 sept 2026



EL NACIONAL - 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Venezuela durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y aseguró que su gobierno está trabajando con los líderes del país para construir “un futuro mejor para los venezolanos”.

“Estamos trabajando con los líderes de Venezuela para crear un futuro mejor para los venezolanos”, afirmó Trump durante su intervención ante el organismo internacional.

El mandatario estadounidense también destacó el acuerdo petrolero alcanzado en el marco de la nueva relación entre Washington y Caracas. “Firmamos el mayor acuerdo petrolero de la historia (...) eso va a beneficiar a Venezuela y Estados Unidos”, afirmó.

La Casa Blanca había presentado previamente este acuerdo como el “mayor acuerdo petrolero de la historia” y señaló que contempla el control estadounidense de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. Según la administración Trump, el acuerdo forma parte de su estrategia de estabilización, reconstrucción y transición democrática en Venezuela.

En su discurso ante la ONU, Trump también abordó otros asuntos de política exterior. El presidente estadounidense afirmó que el régimen comunista de Cuba se encuentra bajo una fuerte presión y sostuvo que “caerá”, al tiempo que reiteró que su gobierno busca un “cambio fundamental” en la isla.

Asimismo, Trump pidió a los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) retirarse de esa institución, a la que calificó como “fuera de control”.

El mandatario también se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y afirmó que un acuerdo para poner fin al conflicto llegará “rápidamente”. Sobre Irán, señaló que Estados Unidos deberá decidir entre alcanzar un acuerdo o llevar al país “al infierno”.

En materia de seguridad, Trump afirmó que los miembros de los carteles de la droga deberían ser “ejecutados, exiliados o detenidos como si fueran combatientes enemigos en un conflicto armado” y comparó a los carteles con el grupo yihadista Estado Islámico.

Donald Trump ante la ONU: "Trabajamos para crear un futuro mejor para los venezolanos"

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21 sept 2026

 THE OBJECTIVE - ENRIQUE MORALES.

Uldono aparece en una causa de la Audiencia Nacional sobre el recorrido de fondos de la petrolera venezolana.

Exclusividades Vagú, la histórica joyería venezolana que años después ha aparecido en las pesquisas relacionadas con José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra, mantuvo una relación comercial millonaria con Uldono Ltd, una sociedad que figura en las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre el recorrido internacional de fondos procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La documentación bancaria y comercial obtenida en exclusiva por THE OBJECTIVE revela que Vagú emitió el 11 de enero de 2017 una factura a nombre de Uldono por 5.083.129 euros. El documento relaciona decenas de relojes y piezas de alta joyería de marcas como Rolex, Patek Philippe, Hublot, Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey. Algunas superaban individualmente los 500.000 euros y una pieza de Greubel Forsey alcanzaba los 701.173 euros.

La factura identifica al empresario venezolano Fernando Valero como vendedor y ordena abonar los 5,08 millones de euros a una cuenta de Exclusividades Vagú SA en The Mauritius Commercial Bank, en Mauricio. Esa misma cuenta aparecía una semana antes como cuenta de efectivo dentro de la cartera de inversión de Worldwide Wealth Management PCC. El extracto, generado por el propio banco el 4 de enero de 2017, valoraba la cartera en 9,33 millones de euros. La factura a Uldono fue emitida siete días después, el 11 de enero.

Saqueo multimillonario de PDVSA

El principal activo de Worldwide Wealth era especialmente significativo: 7,5 millones de dólares nominales en bonos de PDVSA, valorados entonces en 6,21 millones de euros. Los títulos de la petrolera representaban el 66,67% de una cartera valorada en 9,32 millones de euros.

La aparición de la petrolera resulta relevante por la magnitud de las investigaciones internacionales abiertas durante años sobre el desvío de sus recursos. Una de las mayores causas, conocida como Money Flight, reconstruyó un esquema internacional de fraude y blanqueo que comenzó en diciembre de 2014 con unos 600 millones de dólares sustraídos de PDVSA mediante sobornos y operaciones cambiarias fraudulentas.

En mayo de 2015, el volumen del esquema había alcanzado los 1.200 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Un antiguo alto directivo de banca suiza se declaró culpable de participar en el blanqueo de aquellos fondos.

Es precisamente dentro de las pesquisas relacionadas con esa operativa donde aparece Uldono. El Auto 376/2025, de 15 de julio, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reproduce la tesis de la acusación popular —a cuyo recurso se adhirió el Ministerio Fiscal— según la cual, parte del dinero generado por las operaciones Atlantic y Rantor Capital pasó por Eaton Global Services y posteriormente por Uldono antes de llegar al grupo Columbus.

La resolución sitúa el origen de esa ruta en un préstamo firmado el 17 de diciembre de 2014 entre Rantor Capital y PDVSA. Según la tesis incorporada a las actuaciones, Rantor cedió posteriormente el crédito a Eaton y parte del dinero terminó transferido a Uldono.

El mismo auto recoge una transferencia de 347.461 dólares realizada el 26 de abril de 2017 a través de una cuenta de Uldono con destino a Columbus One Properties Hospitality Services para la adquisición de inmuebles en España. La Sala confirmó, no obstante, el sobreseimiento provisional respecto de uno de los investigados por considerar insuficientes los indicios sobre su participación personal. Se trata, por tanto, de una ruta recogida dentro de las diligencias y no de una condena de Uldono.

Robbiola y Savigny

Los documentos de Mauricio permiten identificar además a quienes figuraban formalmente al frente de Worldwide Wealth Management PCC en aquella etapa. Un registro de directores fechado el 5 de febrero de 2015 incluye como administradores a los franceses Jonathann Richard Marcel Savigny y Yann Aldric Marie Robbiola, ambos nombrados el 26 de diciembre de 2014.

Su aparición permite reconstruir la estructura societaria del vehículo financiero, aunque la documentación analizada no permite atribuirles por ese solo hecho responsabilidad penal alguna. La documentación corresponde a una etapa anterior a las actuales pesquisas sobre Zapatero, pero adquiere relevancia precisamente porque Exclusividades Vagú ha reaparecido una década después dentro del caso Plus Ultra.

La Audiencia Nacional abrió en junio una pieza separada para investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas localizadas durante el registro de su despacho el pasado mes de mayo. La tasación preliminar elevó su valor a 1.323.915 euros. La investigación sobre Zapatero ha vuelto así a colocar el foco sobre las operaciones de Exclusividades Vagú y sobre el entramado internacional construido alrededor de la histórica joyería venezolana.

La joyería del 'caso Zapatero' facturó cinco millones en relojes a una firma ligada a PDVSA

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 EL NACIONAL VENEZUELA 

El fiscal chileno Héctor Barros afirmó este domingo que el dirigente del oficialismo Diosdado Cabello estuvo detrás del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano opositor Ronald Ojeda, quien se encontraba exiliado en Santiago de Chile.

En entrevista concedida a Caracol Radio, Barros sostuvo que el secuestro y homicidio de Ojeda fue un acto concertado y ejecutado por integrantes de la organización criminal Tren de Aragua.

"Las conexiones que puedan haber entre el Tren de Aragua y el gobierno de Nicolás Maduro vienen dados por una cuestión previa que es la investigación por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno", explicó Barros.

Indicó que las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Chile determinaron que la orden para cometer el crimen contra Ojeda provino directamente del gobierno venezolano.

"¿Quién del gobierno venezolano? De acuerdo con los antecedentes que nosotros manejamos en la investigación, es Diosdado Cabello", aseguró el fiscal.

¿Cómo se planificó el asesinato de Ojeda?

Una investigación citada por Noticias Caracol reveló los antecedentes de un plan orquestado en territorio colombiano contra exmilitares y disidentes venezolanos. Según el reporte, estas personas se citaron en Cúcuta en diciembre de 2023 con el objetivo de planificar una estrategia para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, pero la contrainteligencia militar venezolana tenía infiltrado al grupo, por lo que planificó con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren de Aragua el secuestro de sus integrantes en territorio colombiano.

El excapitán Angelo Heredia fue el primero en ser detenido por el ELN y entregado al gobierno venezolano al otro lado de la frontera, mientras que el líder estudiantil Pablo Parada logró evitar el secuestro porque no asistió al encuentro.

Por su parte, Ronald Ojeda consiguió escapar y salió por tierra desde Colombia hasta Chile, país que le otorgó asilo. Sin embargo, en febrero de 2024 el gobierno de Nicolás Maduro contrató al Tren de Aragua para planificar su asesinato.

Al menos 20 integrantes de la organización criminal enfrentan cargos en tribunales chilenos por su presunta participación en el crimen contra Ojeda. En relación con esto, el fiscal Héctor Barros informó que las autoridades mantienen a Diosdado Cabello como parte de la investigación y buscan establecer la vinculación de otras figuras políticas en el caso.

Chile busca apoyo de EE UU para interrogar a Nicolás Maduro

Barros confirmó que Chile solicitó el apoyo de Estados Unidos para interrogar a Nicolás Maduro por el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. Según el fiscal, Maduro podría proporcionar información relevante sobre quiénes, dentro del aparato estatal de su país, habrían ordenado la operación en territorio colombiano.

La hipótesis sobre la vinculación de Diosdado Cabello con el homicidio se debe a presuntos mensajes de WhatsApp analizados durante la investigación. "Porque, de acuerdo con las declaraciones y a los WhatsApp que tenemos nosotros, esto lo encarga Diosdado Cabello y es quien finalmente negocia con la organización Tren de Aragua", señaló Barros.

Pese a que algunos aspectos del caso no han sido aclarados, entre ellos, los montos exactos del dinero transferido por la operación, Barros afirmó que los investigadores tienen la certeza sobre la existencia de un encargo realizado por Cabello a los niveles superiores del Tren de Aragua.

Fiscalía de Chile vincula a Diosdado Cabello con el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda

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16 sept 2026



 ONU

Los expertos en derechos humanos también denuncian la persistencia de la impunidad, mientras que funcionarios que participaron en graves violaciones continúan ocupando, o han sido reasignados a puestos clave.

La Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela advierte de que, pese a algunas mejoras en la situación de los derechos humanos, las estructuras responsables de la represión y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas.

La Misión registró una reducción significativa de las detenciones de larga duración y las desapariciones forzadas tras el ataque militar de Estados Unidos del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro. Posteriormente, las autoridades también excarcelaron a cientos de presos políticos y hubo mayor margen para protestas y reuniones públicas.

Pero, según los expertos, no se han producido las reformas necesarias para garantizar cambios duraderos. Siguen vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y las fuerzas de seguridad mantienen esencialmente las mismas estructuras y prácticas.

La Misión documentó además 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero y señala que entre 379 y 500 personas podrían seguir detenidas por motivos políticos.

Los expertos también denuncian la persistencia de la impunidad, mientras que funcionarios que participaron en graves violaciones continúan ocupando, o han sido reasignados a puestos clave.

Tampoco se ha adoptado ninguna medida para desarmar a los colectivos, que han sido una “fuente permanente” de intimidación y violencia a nivel comunitario.

Desmantelar estructuras represivas

La Misión pide desmantelar las estructuras represivas, garantizar la independencia judicial y avanzar hacia un proceso de justicia centrado en las víctimas.

La Misión siguió documentando patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos. En el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, los expertos documentaron prácticas que incluyen la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la "máquina del tiempo". En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, investigaron el confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, la exposición al frío, la privación de alimentos y otras prácticas degradantes. La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura solo después del 3 de enero, lo que indica que estas prácticas siguen siendo generalizadas.

También advirtió de que cientos de personas continúan expuestas a condiciones de detención deplorables, con acceso severamente restringido a agua potable segura, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica. 

Varios casos de muerte bajo custodia de detenidos por motivos políticos estuvieron relacionados con la falta de acceso a atención médica adecuada y con malos tratos. Entre los casos investigados figura el de Víctor Quero Navas, un vendedor ambulante que falleció bajo custodia mientras era víctima de desaparición forzada. A pesar de su incansable búsqueda de respuestas, su madre solo fue informada de su destino más de un año después de su detención y diez meses después de su fallecimiento. Carmen Teresa Navas murió diez días más tarde.

Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos, el 94 % de las cuales ocurrieron antes de finales de 2025. Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración destinados a intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil. Aunque las excarcelaciones redujeron significativamente el número de presos políticos, las ONG estiman que entre 379 y 500 personas seguían detenidas. La ausencia de información oficial, transparente y verificable hace imposible determinar con precisión quiénes han sido liberados, dónde se encuentran los que permanecen detenidos y cuál es su situación jurídica.

"Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas", afirmó María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión. "Venezuela también debería revertir su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y cooperar plenamente con la Corte y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Años de impunidad arraigada deben dar paso a la rendición de cuentas".

La Misión instó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos destinados a poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho. "Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales", añadió Alex Neve, otro de los expertos. 

"Al mismo tiempo, el contexto descrito en nuestros informes exige que los Estados continúen brindando protección internacional a los venezolanos que se encuentran fuera del país", añadió.

Los colectivos, parte central del aparato represivo

La investigación específica sobre los colectivos concluyó que estos grupos constituyen un componente central del aparato represivo del Estado y de un sistema más amplio de gobernanza local y control social. Operan con distintos grados de apoyo institucional y, en numerosos casos, en coordinación, complementariedad o convergencia con autoridades estatales y fuerzas de seguridad. La superposición es tal que miembros de esas fuerzas se han incorporado a grupos civiles armados y, a la inversa, integrantes de esos grupos han pasado a formar parte de organismos estatales.

La Misión encontró pruebas de relaciones de larga data que incluyen respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional. Tuvo motivos razonables para creer que el Gobierno suministró regularmente a los colectivos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio, facilitando así su extensa participación en el aparato represivo estatal.

Los colectivos han desempeñado funciones de vigilancia e inteligencia, identificado y localizado a personas buscadas por los organismos de seguridad y participado en la represión violenta de manifestaciones y en la persecución selectiva de opositores reales o percibidos del Gobierno. Su control sobre consejos comunales, servicios públicos y programas sociales les ha permitido también recompensar la lealtad política y castigar las críticas o la disidencia.

La Misión determinó que, cuando los colectivos ejercen elementos de autoridad pública conferidos por la legislación venezolana o actúan en operaciones específicas por instrucciones, bajo la dirección o el control de órganos estatales, su conducta es atribuible al Estado. Independientemente de si determinados actos concretos son atribuibles al Estado, el Gobierno venezolano incumplió su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por estos grupos.

"La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles", declaró Sofía Macher, presidenta de la Misión. "Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de derechos humanos, no avances tentativos e incompletos".

Antecedentes: En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. El Consejo de Derechos Humanos, mediante su resolución 57/36 prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta octubre de 2026.

Misión sobre Venezuela alerta de que el aparato represivo en el país permanece intacto

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15 sept 2026



EL NACIONAL

El acuerdo de 12 páginas, cuyos detalles no se dieron a conocer, fue revisado por la jueza, tras lo cual el exfuncionario podría afrontar pena máxima de 20 años de prisión.

El exministro venezolano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas tras acuerdo con la Fiscalía estadounidense en una corte federal en Miami.

Al comparecer en persona en una corte de Miami, con el pelo canoso y recogido, barba y uniforme ocre de preso, Saab cambió la declaración de "no culpable", que había presentado el 24 de julio, por una de culpabilidad durante audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida.

"Culpable, señoría", manifestó el empresario de 54 años de edad en la audiencia, constató la agencia de noticias Efe.

El acuerdo de 12 páginas que Saab alcanzó con la Fiscalía, cuyos detalles no fueron revelados, fue revisado por la jueza, tras lo cual el exfuncionario venezolano de origen colombiano podría afrontar pena máxima de 20 años de prisión.

Saab, quien recibirá sentencia en enero próximo, admitió que cometió, junto con cómplices con identidades no reveladas, la conspiración para actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios y ocultar el origen de los fondos.

Las autoridades no revelaron los detalles del acuerdo al momento de la cita, pero el exministro del expresidente Maduro, depuesto por Estados Unidos en enero y preso en Nueva York, aseveró que "no" hubo un trato más allá del presentado ante la Fiscalía ni amenazas para que aceptase su culpabilidad.

Saab compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

El caso, según el Departamento de Justicia (DOJ), involucra la corrupción y la explotación de un programa de asistencia social destinado a proporcionar alimentos a venezolanos vulnerables con supuestas transferencia a cuentas bancarias en Estados Unidos.

Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por "narcoterrorismo", narcotráfico y posesión de armas.

El empresario ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.

El empresario colombiano manifestó ahora que sufre "síndrome de estrés postraumático" tras su detención en Cabo Verde en 2020 y su posterior extradición a territorio estadounidense, por lo que toma antidepresivos todas las noches para dormir. 


Alex Saab se declara culpable de lavado y transacciones financiera ilícitas tras acuerdo con la Fiscalía de EE UU

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EL NACIONAL

Aunque hoy intentan tomar distancia del ex ministro, durante años las principales figuras del chavismo lo defendieron. El empresario colombiano recibirá sentencia en enero de 2027.

Cronología del caso Alex Saab: de ministro de Maduro a declararse culpable de lavado de dinero en EE UU

Alex Saab, exministro del chavismo señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró este martes culpable de conspiración por lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas tras un acuerdo con la Fiscalía. Aseguró que no hubo amenazas ni algún otro trato para aceptar su culpabilidad.

Saab, ciudadano colombiano, pasó de ser un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro a estar preso en Cabo Verde, fue extraditado a Estados Unidos para después volver a Venezuela, y años después ser devuelto a las autoridades estadounidenses por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.



La detención en Cabo Verde

El 12 de junio de 2020, Saab hizo escala en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla de Sal, en Cabo Verde, para recargar combustible. En ese momento la policía lo detuvo en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de la Interpol.

La justicia de Cabo Verde autorizó en agosto de 2020 la extradición, pero el audaz exjuez Baltasar Garzón, jefe del equipo de abogados de Saab, centró su estrategia en retrasar el proceso. Recurrieron a la apelación e introdujeron ante las instituciones caboverdianas gran cantidad de recursos legales.

Mientras tanto, el gobierno de Maduro pagó a influenciadores para que tuitearan y compartieran contenidos que tuvieran impacto en favor de Saab. Además, difundieron afiches y grafitis en Caracas en nombre del entonces funcionario y hasta organizaron protestas y un concierto para defenderlo.


Alex Saab fue extraditado en octubre de 2021 a Estados Unidos. Foto: captura video canal Detencao
Saab manejó información clasificada

Una carta que Arreaza le envió a Saab reveló que el empresario maneja información clasificada sobre Venezuela. En el texto, fechado el primero de julio de 2020, el funcionario chavista le advirtió de un proceso penal en su contra o sanciones si no mantenía el secreto durante el proceso judicial en Cabo Verde.

Su primera extradición
El Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirmó la legalidad de la extradición el 7 de septiembre de 2021, en sentencia de 194 páginas. Reconoció la constitucionalidad de las actuaciones del Tribunal de Apelaciones de Barlavento y del Tribunal Supremo de Justicia, que autorizaron en 2020 y en marzo de 2021 la entrega de Saab a Estados Unidos.

Alex Saab fue extraditado el sábado 16 de octubre de 2021. Abordó el avión que lo llevó a Estados Unidos.

Los argumentos de la defensa quedaron pulverizados y Saab afrontó el esperado proceso ante la justicia estadounidense, que lo acusó en su momento de blanquear hasta 350 millones de dólares defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

El regreso a Venezuela
El empresario colombiano quedó libre en 2023 durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025), quien lo indultó y liberó como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela.

Regresó a Venezuela el 20 de diciembre de ese año. Posteriormente Maduro lo nombró ministro de Industrias y Producción Nacional.

La segunda extradición
El gobierno de Delcy Rodríguez confirmó el sábado 16 de mayo de 2026 la entrega del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos, alegando que enfrenta delitos en ese país y su situación judicial era un hecho “público, notorio y comunicacional”.

El anuncio fue formalizado mediante comunicado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que ratificó la medida como parte del cumplimiento de la legislación migratoria venezolana.

La entrega a EE UU ocurrió apenas meses después de que Saab fue removido de su cargo como ministro de Industrias y Producción Nacional, en enero, durante la reestructuración del gabinete de Delcy Rodríguez.

En febrero, el empresario fue capturado en Caracas en una operación en la que, según trascendió, habrían cooperado agencias estadounidenses. Desde entonces permanecía bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mientras se evaluaba su situación migratoria y penal.

Saab compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Aunque hoy intentan tomar distancia de Saab, durante años las principales figuras del chavismo lo defendieron: Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello denunciaron su primera detención como “secuestro” y lo presentaron como diplomático venezolano perseguido por ayudar al país a evadir las sanciones internacionales para supuestamente comprar alimentos, medicamentos y combustible.

“Culpable, señoría”
Este martes, al comparecer en persona en una corte de Miami, con el pelo canoso y recogido, barba y uniforme ocre de preso, Saab cambió la declaración de “no culpable” que había presentado el 24 de julio.

“Culpable, señoría”, manifestó el empresario de 54 años de edad, en audiencia ante la jueza Kathleen M. Williams en la Corte del Distrito Sur de Florida, constató la agencia de noticias Efe.

El acuerdo de 12 páginas que Saab alcanzó con la Fiscalía, cuyos detalles no fueron revelados, lo revisó la jueza. El exfuncionario podría afrontar pena máxima de 20 años de prisión.

Saab, quien recibirá sentencia en enero de 2027, admitió que cometió, junto con cómplices con identidades no reveladas, la conspiración para actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios y ocultar el origen de los fondos.

Contratos millonarios
Se desconoce cuánto dinero llegó a manejar Saab de los contratos en Venezuela.

La Asamblea Nacional electa en 2015 denunció en 2018 que las mafias de importación en las que aparece Saab defraudaron al país al menos 5.000 millones de dólares solo por los sobreprecios y amplios márgenes de ganancias obtenidos de los alimentos distribuidos a través del programa de los CLAP.

Saab entró en cualquier rendija en donde había oportunidad y mucho dinero. Hizo negocios con Irán, Rusia y Turquía con el oro, el petróleo y hasta importó gasolina cuando el país registraba cifras críticas de escasez.

Cronología del caso Alex Saab: de ministro de Maduro a declararse culpable de lavado de dinero en EE UU

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